J.
Michael Napán Napán[1]
E.A.P.
Historia – UNMSM
jianferal
@hotmail.com
El presente libro fue distinguido
con el premio Franklin Pease G. Y. de Estudios Andinos en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Rubro de investigación de tesis de Maestría en Letras y Ciencias Humanas (2009).
Mario Meza Bazán es doctor en historia por el Colegio de México (COLMEX),
magíster en antropología y licenciado en historia por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Actualmente es profesor del Departamento de Humanidades de
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la Unidad de Posgrado de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Entre sus principales escritos se encuentran la tesis doctoral “El Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru y las fuentes de la revolución en América Latina”
(2012), colaborador en el libro coordinado por Manuel Burga Díaz Choquequirao. Símbolo de resistencia andina
(historia, antropología, lingüística) (2008), su tesis de licenciatura
“Caminos al progreso. Mano de obra y política de vialidad en el Perú: La Ley de Conscripción Vial.
1920-1930”
(1999), entre otros artículos y ensayos sobre la historia peruana contemporánea,
especialmente sobre violencia política.
El texto trata de “[…] entender
la justicia como una práctica social analizable a través de la rutina judicial
de un país cruzado por la injusticia y, más aún, por la injusticia que produce
violencia” (p.15). Para esto el autor, analiza tres prácticas de justicia: La
del poder judicial, la del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP –
SL) y el ajusticiamiento en plaza pública expresada en la prensa, y haciendo
uso de un método comparativo procesual logra identificar las dificultades de un
poder judicial a lo largo de los últimos 40 años, lo que en palabras de Luis
Mujica Bermúdez será la disociación del derecho y la justicia en la vida
cotidiana (p. 17). Lo primero que hace el autor es definir los conceptos que
empleará en su estudio para luego aplicarlos a las tres prácticas de justicia
ya mencionadas. Entiende la justicia “[…] en dar a cada quien lo que le
corresponde según lo que establecen las premisas de orden, seguridad y
autoridad que predominan en la sociedad” (p.21). Así mismo, define al orden
como “[…] el modo en que las sociedades organizan los diversos elementos de su
realidad para darle un sentido racional y sensible al mundo donde viven”
(p.25). El orden de la sociedad peruana se encuentra en el poder judicial y su
aplicación bajo parámetros de las leyes, sin embargo su modo práctico se
encuentra sujeto a desigualdades y exclusiones que posibilitan otras formas de
orden, que no necesariamente son de igualdad e inclusión (las generadas por el
PCP – SL o los ajusticiamientos en plaza, por ejemplo). Respecto a la
seguridad, la define como “[…] la búsqueda de estabilidad de los elementos que
garantizan la conservación física, social y simbólica de la vida bajo un
determinado orden” (p. 27). Al igual que el orden, la seguridad que en teoría
debería expresar el poder judicial, se vuelve “legalmente insegura”, pero
políticamente segura, esto conlleva a la agudización de la desigualdad y los
conflictos sociales. En este plano la “seguridad” que podría ofrecer el PCP –SL
se vuelve incierta e impredecible sujeta a una convicción ideológica, mientras
que los ajusticiamientos en plaza ofrecen una seguridad reducida, frente a las
amenazas externas. La autoridad es entendida como“[…] la representación y el
ejercicio de un orden establecido y posee una capacidad de dominio simbólico,
ritual coercitivo que cuenta con legitimidad” (p.29). En este caso la figura de
autoridad del poder judicial sería la del juez, sin embargo es muy
desprestigiado, mientras que el PCP –SL obtiene autoridad por su inserción en
escenarios convulsionados y de la fuerza de las armas. Los ajusticiamientos en
plaza, el sentido de la autoridad se vuelve más práctico y de momento, es un aspecto
irrelevante de su práctica judicial[2]
(p.31).
El capítulo I “La justicia
formal: prácticas judiciales” hace notar en primera instancia la lógica del
desenvolvimiento histórico del poder judicial y la tensión “[…] permanente de
los jueces por renovar la legitimidad de su dominio frente a los distintos
poderes de la sociedad, incluyendo el poder político” (p. 50), y para verlo con
mayor detenimiento estudia los casos judiciales de Huayanay (1974 – 1978),
Uchuraccay (1983 – 1987) y La Cantuta (1992 – 1995). El primer caso en estudio,
Huayanay, nos muestra la presión en el contexto del gobierno de las Fuerzas
Armadas y la reivindicación del campesinado, en tales circunstancias aparece el
poder político con la construcción de un nuevo sentido de autoridad y justicia.
El segundo caso, Uchuraccay, se pone en tensión “[…] la autonomía de los
magistrados y del fiscal para actuar en las investigaciones y en el juicio
mismo contra campesinos y autoridades militares” (p.77), esto es el
desencuentro entre el poder político y el poder judicial. En el tercer caso, La
Cantuta, sucede algo similar a los anteriores, en este caso “El Consejo Supremo
del Poder Judicial, máxima instancia de decisión en materia de gobierno del
poder judicial, fue sacado de este caso en su propia jurisdicción por el
gobierno de turno y en colaboración con algunos magistrados de esa misma Corte
Suprema” (p. 91). Esto nos deja, en síntesis, la deslegitimación y precariedad
del poder judicial que se convierten en elementos funcionales de la desigualdad
social. Sin embargo, hay que decir que, el poder político no fue el garante de
orden, seguridad y autoridad, por el contrario terminó convirtiéndose en un
factor de inseguridad por sus prácticas que eliminaban “[…] cualquier proyecto
alternativo que amenazara el poder establecido” (p.101).
En el capítulo II “La Justicia y
revolución” el autor hace un breve
recuento del espacio en estudio(el Alto Huallaga) hasta la incursión del PCP –
SL. Nos narra la importancia del cultivo de hoja de coca en la zona a partir de
1970 y la posterior configuración de enclaves de ilegalidad (el narcotráfico),
corrupción y nuevos escenarios de violencia, la del sicario o del mercenario y
la violencia doméstica que se daba por el juego de intereses de productores,
proveedores y financistas. En este contexto, no solo los narcotraficantes tenían
presencia, sino también algunos grupos y partidos afines a la izquierda (MIR,
PUM, MRTA, PCR –PR). En un clima de hostilidad con el gobierno (la erradicación
de los campos de cultivo de hoja de coca) ingresa el PCP – SL en la zona, en un
inicio rivalizando con los narcotraficantes, pero luego estableciendo acuerdos.
Así, SL trató de eliminar todo rezago de poder legal y de cualquier otro rival
para establecer un nuevo orden, seguridad y autoridad bajo parámetros de su
ideología. Sin embargo, no pudo sostener su legitimidad inicial, porque tenía
un alto costo en bienes y vidas, además “[…] sendero no podía garantizar su
propia seguridad frente al ejército, la policía, el narcotráfico, menos aún
podía garantizar la seguridad de la población” (p.148).
El capítulo III “La «justicia
popular» y los medios de comunicación” plantea otra forma de orden, seguridad y
poder al margen de la justicia formal y que pone de manifiesto la ineficacia
del orden institucional (p.159). El autor toma dos casos, el castigo de una
delincuente por los pobladores del asentamiento humano de los arenales de la
Tablada Lurín (1985) y la captura – ajusticiamiento de un delincuente en la
urbanización Manzanilla en el distrito de La Victoria (1990), ambos difundidos
en el diario Ojo, que para ese
entonces era uno de los diarios con más alta tasa de lectoría. En palabras del
autor “[…] el ajusticiamiento aparece como un ritual expurgatorio de la
justicia formal, publicitado para mostrar la crisis del orden y la seguridad,
pero más aún de la crisis formal” (p. 167). De esta manera “[…] la población
entiende el orden como una comunidad de individuos que quieren vivir sin
alteraciones ni exclusiones” (p.187). Pero la idea clave sigue girando en poner
en agenda a la justicia popular a favor de la recuperación del dominio del
poder político, que fue opacada por la violencia política.
En suma, el libro propone la
necesidad de que tanto la justicia como el derecho no caminen de forma divorciada,
que esta disociación solo genera más violencia y no permite consolidar el orden
y la seguridad requerida por la población. Además, agregar que, el libro se
presenta como novedoso en el eje temático, explica parte de la historia
reciente de la justicia en el Perú a través de fuentes orales, hemerográficas y
documentales. De la misma manera, abre campos de estudio sobre otros tipos de
violencia en la década de los 80’, no solo será la violencia que involucra
grupos subversivos, ejército y rondas campesinas, sino la violencia cotidiana producto
de los intereses de los narcotraficantes. Así mismo, da luces sobre la violencia
en otras regiones, el caso de la zona del Alto Huallaga, por ejemplo. Otro
punto a destacar del libro es la capacidad del autor para comparar diversos
casos, ya sea de índole rural como urbano, y acercarse a una historia que
abarque en cierto sentido la totalidad de la compleja realidad, tal es el caso
de la explicación de los problemas judiciales no por la justicia misma, sino por
lo social cultural de la mano de la antropología y la historia.
[1] Estudiante del séptimo ciclo de
Historia en la UNMSM. Miembro del Grupo de Investigaciones Annalicemos Historia
(GIAH).
[2]Siguiendo a Foucault el autor la
define así: “Una práctica judicial es la manera en que se juzga a los hombres
por sus errores para imponerles sanciones, reparaciones y castigos” (p.21).
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