sábado, 20 de julio de 2013

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y EL PAPEL DE LOS INTERMEDIARIOS EN MÉXICO DEL SIGLO XIX


Luis Angel Romero
(Estudiante de Historia - UNMSM)



En el presente texto busco hacer una pequeña reflexión en torno a las implicancias de la constitución de Cádiz respecto al surgimiento de los intermediarios en México de comienzos del siglo XIX. Para ello, tocaré la relación entre la formación de la ciudadanía y el papel que desempeñaron los intermediarios. Así como los roles que jugaron estos dos factores en la gobernabilidad mexicana, porque estos temas están enlazados a la debilidad del Estado mexicano.

1)      La formación de la ciudadanía y su relación con la gobernabilidad en México
Como menciona Hilda Sábato (1999) en la introducción al libro Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas en América Latina, cuando Iberoamérica se fragmenta producto de las independencias, en su mayoría, los Estados optan por la soberanía popular y la representación moderna, esto implica que se comience a hablar de formar ciudadanos desde la perspectiva del liberalismo, es decir, una ruptura con las visiones tradicionales del cuerpo político, compuesta por individuos libres e iguales, sin embargo siempre estuvo implícita una dimensión comunitaria, como es en el caso de México. La ciudadanía política, es decir, el derecho a elegir y ser elegido, constituyó el núcleo de los derechos políticos, pero en Iberoamérica la ciudadanía nunca coincidió con la totalidad de la población. En cuanto a las prácticas electorales, en la mayoría de los países de la región: estas prácticas estuvieron en la base de la formación de redes dirigidas por viejas y nuevas elites locales, regionales, y nacionales destinadas a crear y movilizar clientelas. En este marco, los votantes no eran, como prevé la teoría, los ciudadanos iguales, libres y autónomos que asistían pacíficamente a los comicios a emitir su voto. La manipulación, el control y el patronazgo político jugaron un papel importante. En el siglo XIX la ciudadanía política se asociaba con la participación en las milicias y con frecuencia el ejercicio de la violencia era considerado legítimo, no solo frente a un enemigo exterior, sino también contra el poder central que violaba la constitución o las bases sobre las cuales se fundaba su legitimidad.
En México, en particular, existía una contradicción entre gobernabilidad y ciudadanía, Antonio Annino (1999) argumenta que ya se puede hablar de ciudadanía desde la llegada de la constitución de Cádiz a Nueva España. Para este autor, la gobernabilidad es “el conjunto de condiciones que hacen posible gobernar un país, o […] la capacidad de las autoridades constituidas para hacerse obedecer sin recurrir, a no ser en casos excepcionales, al uso de la fuerza” (Annino, 1999: 62). Compartimos la tesis de Annino que dice: “no fue la debilidad de la ciudadanía moderna sino, por el contrario, su fuerza la que creó los mayores problemas para la gobernabilidad en México” (Annino, 1999: 63). Esto concesión de la ciudadanía en el temprano siglo XIX, provoca que surja un “liberalismo popular”, este es muy distinto al de las élites, pero fundamental para entender los problemas de gobernabilidad. Es importante comprender que la carta gaditana tuvo vigencia porque la constitución de 1824 siguió el modelo gaditano, en ese sentido hay una continuidad entre el liberalismo en el periodo colonial y el republicano, pues se difunde y consolidad la ciudadanía liberal antes de la república liberal. Por otro lado, en el momento en que entra el vigor la constitución de Cádiz existían 54 cabildos novohispanos, mientras que en 1821 había casi mil donde se reconocía la igualdad de los municipios electivos. Además, podemos ver la contradicción entre la ciudadanía entendida desde los principios liberales y la misma asimilada por la tradición, en este sentido, la ciudadanía adquirió una significancia ambigua, ya que durante gran parte del siglo XIX no hizo más que reforzar los actores colectivos y se desvirtuó con el voto corporativo o siguiendo la voluntad del patrón como bien lo señala Escalante Gonzalbo (1995).
Tenemos que las comunidades indias, asimilaron la ciudadanía liberal desde su propia perspectiva o cultura local, porque el Estado no estaba en la capacidad de controlar sus prácticas, de esa manera la ciudadanía fue entendida en un sentido bastante diferente a las intenciones proyectadas. Retomando el papel de los municipios, la carta les concedía relativa autonomía bajo un principio de “soberanía” municipal, esto suponía una relación contractual entre el Estado y la sociedad que recordaba a las teorías pactistas de la monarquía católica, esto del pactismo ya era parte de una tradición política bastante arraigada, porque cuando se dio la oportunidad de retroversión de la soberanía ésta se aceptó con un consenso unánime.
El deslizamiento de la ciudadanía a los pueblos fue un proceso autónomo y deseado por los pueblos, pero no era ajeno a la lectura del liberalismo planteado por los sectores sociales altos. De esta manera, las élites y las comunidades compartieron una visión contractualista de la ciudadanía, el liberalismo la había extendido a toda la sociedad organizada, mientras que el contractualismo clásico le dio una fuerza superior a la de la norma constitucional porque conservó la ciudadanía “originaria”. El Estado mexicano en el contexto de la independencia no era un Estado centralizado, pero siempre se pudo mantener la unidad política por el desempeño de los intermediarios, la constitución de Cádiz reforzó los poderes locales, pero una manera de unificarlos era como hizo Iturbide, él mantuvo la constitución de Cádiz y estableció pactos políticos con los municipios garantizándoles su autonomía territorial, era la lógica de la política mexicana. Pero esta forma de mantener la unidad política tiene sus desventajas porque se tiene un Estado débil que no puede establecer una racionalidad de la fuerza física ni controlar el monopolio de la violencia, por lo tanto siempre existe el peligro de que el ejército se levante y establezca pactos con varios municipios para que caiga el poder central, y eso fue efectivamente lo que pasó con Iturbide. Entonces vemos que el Estado mexicano no heredó la soberanía de la monarquía española, sino de los cuerpos territoriales que se sintieron siempre libres de romper el pacto de subordinación a los gobiernos.
De estas ideas se desprende que la ciudadanía liberal no fue un fracaso, sino que su éxito y difusión dio lugar a significados diversos. Fue esta pluralidad la que creó mayores problemas a la gobernabilidad republicana, la difusión de la ciudadanía generó los principales mecanismos de inestabilidad política. Por lo tanto, la ciudadanía no desarrolló un sentido de pertenencia al Estado sino que reforzó y legitimó la resistencia contra él, ya que su difusión por medio de los municipios cambió las relaciones de poder de los grupos entre sí y entre éstos y el Estado.
La ciudadanía define en particular la naturaleza del vínculo entre el Estado y sus súbditos, es el eje de un modelo moral que exige que el Estado responda a la Voluntad General y que impone la obediencia como contribución al bien común. Estas son construcciones conceptuales que justifican la obediencia a la autoridad, pero no crean tal vínculo. En México había un desfase entre la forma estatal y las costumbres políticas, esto explica en parte, la corrupción, la violencia política, la inestabilidad institucional, y todo aquello relacionado a la visión anárquica y caótica que se tiene del siglo XIX. Autores como Escalante Gonzalbo ven la ciudadanía como un vínculo de obediencia hacia el Estado, en este sentido su visión de la misma está relaionada con el “modelo cívico”, apegada a ver las relaciones entre la forma del Estado y la moral pública, para él no pudo crearse ciudadanía (por eso habla de ciudadanos imaginarios), en cambio para Annino el éxito de la ciudadanía fue lo que profundizó las brechas entre el poder local y el central, sin embargo ambas visiones se pueden conciliar en el sentido de que el primero explica la no fragmentación de la unidad política resaltando el papel de los intermediarios, mientras que el segundo atribuye a la extensión de la ciudadanía el fortalecimiento del poder local, esto en cierta medida hace proliferar intermediarios y ocurre lo que Annino en artículos más recientes atina en llamar “ruralización de la política”.
Siguiendo con la argumentación de Escalante Gonzalbo, existían dos visiones sobre la ciudadanía, la primera, la de los conservadores que querían una república aristocrática donde se restringiera la ciudadanía a los propietarios, y por otro lado estaba el proyecto liberal que seguía el principio de la soberanía popular en la cual si bien había sufragio universal, éste era un sistema de elección indirecta donde elegían los notables.
Lo que lleva a Escalante Gonzalbo a hablar de inmoralidad en el Estado mexicano del siglo XIX es que toma en cuenta que existió un “modelo cívico” como punto de referencia, este modelo supone el respeto al orden jurídico, la responsabilidad de los funcionarios, la participación ciudadana, la protección de los derechos individuales, etc. que suponen el modelo del Homo economicus porque este último apela a la elección racional de los individuos, es decir, optan por el utilitarismo según el interés, pero el siglo XIX mexicano evade esta racionalidad debido a que, para sostener estos supuestos hay que tener un respeto por la legalidad, en este contexto se regían por un sistema de dominación patrimonial. Aunque es posible que el “modelo cívico” no haya cuajado porque era el resultado histórico de tres tradiciones políticas muy distintas, la primera era la tradición republicana que pone énfasis en la virtud de los ciudadanos y tiene la convicción de que hay un bien público más allá de los intereses particulares, en segundo término está la tradición liberal que se concentra en las garantías individuales, la tolerancia y la necesidad de respetar el orden jurídico, pero apuesta por la limitación del gobierno, finalmente está la tradición democrática que exige la participación, la justicia y el autogobierno. Además, el conflicto entre estas tradiciones otorgó ambigüedades al modelo. Esta forma de vida cívica era inviable y había otra cosa en su lugar que le confirió un orden a las cosas, es decir, había mecanismos informales como el clientelismo, la corrupción y el patrimonialismo que garantizaron el control político, sin embargo existía un proyecto explícito de crear ciudadanos.

2)      El papel de los intermediarios en México del siglo XIX
En México, al término de las guerra de independencia, ocurrió todo lo contrario a una centralización del poder, pues los vínculos de autoridad y obediencia que se construyeron con el Estado colonial estaban rotos, en parte producto de el intento de reorganización del poder colonial con las Reformas Borbónicas, esto llevó a que los cuerpos tradicionalmente privilegiados y los poderes locales reaccionaran ante este intento de centralización con el movimiento de Iturbide, que logró cambiar al virrey  y lograr que firme el Tratado de Córdoba donde se separaban México y el Imperio español. Entonces, el Estado estaba en todas partes, pero a la vez en ninguna, porque no hay una organización jurídica eficiente de las relaciones sociales y tampoco un razonable monopolio de la fuerza física, sin embargo, el Estado brindaba legitimidad a todos los intermediarios que estaban distribuidos a lo largo de las regiones y localidades del débil Estado mexicano. Los intermediarios podían ser: grandes hacendados, jefes militares, antiguos insurgentes, caciques, etc. Además, todos los intermediarios se basaban en relaciones clientelistas y señoriales, con vínculos personales y sistemas de reciprocidad.
El Estado colonial era un aparato de mediación jerárquico y corporativo, su eficacia dependía de su capacidad de mediación y del reconocimiento jurídico de las diferencias, ésta era la raíz de la unidad política. Cuando este complejo aparato jurídico, político y administrativo de mediación fue destruido por la independencia, los mecanismos de intermediación surgieron de manera espontánea y se reprodujeron al margen del orden jurídico. Por otro lado, la influencia de los intermediarios, se basaba en una red de lealtades  organizadas en cuerpos y comunidades. La política era un negocio complejo y arriesgado, era el negocio de los intermediarios, por ejemplo, en México el voto era corporativo porque los intermediarios hacían votar a sus subordinados, según sus intereses particulares.
Como señala Escalante Gonzalbo (1995), los escritores sobre la política mexicana en el siglo XIX resaltaban la inmoralidad del estado y tenían una visión pesimista de éste caracterizándolo como caótico y anárquico, pero en realidad ese desorden tenía una lógica que se construyó en el periodo posterior a la desvinculación de España, es decir, existía un orden de los caciques, los señores, los pueblos y los comandantes militares, que garantizaban relativa estabilidad de la población que controlaban, en realidad había un pacto implícito entre los intermediarios y el Estado. Por otro lado, la construcción de un Estado moderno no estaba en los planes de nadie, salvo de una parte de la clase política, mientras que el pueblo, los hacendados y los militares buscaban su espacio en otra parte.
Cada autoridad gestionaba su propio espacio de influencia, en este sentido la autoridad hacía uso privado de los recursos públicos y se puede decir que el Estado mexicano del siglo XIX era lo más similar a un modelo de dominación patrimonial a lo Max Weber, recordemos que el modelo patrimonial es el ejercicio del poder como extensión del poder doméstico, lo que garantiza autonomía de los dominios y tener una relación privilegiada con las autoridades estatales. Por su parte, el ejército tenía un poder casi autónomo en sus regiones, aunque hay que resaltar que el Estado no se haya fragmentado (más allá de la pérdida territorial con Estados Unidos), esto era porque el sistema tenía una cierta coherencia y una relación ambigua con la autoridad central. La causa de la relativa autonomía de las regiones y poderes locales era que la autoridad central no tenía los recursos económicos para distribuirlos adecuadamente en todo el territorio, por lo que los gobernadores, comandantes militares y caudillos dispusieron con relativa libertad de los recursos públicos.

Conclusiones
En México del siglo XIX había una contradicción entre gobernabilidad y ciudadanía, esto surge con la constitución de Cádiz que fortaleció, a partir de la concesión de la ciudadanía a los indígenas y la proliferación de municipios electivos, los poderes locales y regionales. Además, los intermediarios ayudaron a conceder un orden a esta fragmentación que se había generado desde antes de la independencia. El precio que tuvo que pagar el Estado para no fragmentarse políticamente fue tener un sistema patrimonial y vivir con el desfase entre la moral pública y forma de gobierno republicana. Por otro lado, cabe resaltar que estos intermediarios surgen de manera espontánea porque el Estado no heredó la soberanía de la monarquía española, sino de los cuerpos territoriales que se sintieron siempre libres de romper el pacto de subordinación a los gobiernos. Si bien es cierto con la independencia se rompieron los vínculos de autoridad y obediencia para que se fortalezca el poder de los intermediarios, son los efectos del liberalismo de la carta gaditana lo que propicia la diversidad de poderes locales.

Bibliografía
ANNINO, Antonio (1999). “Ciudadanía “versus” gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema”. En: Hilda Sábato (Coord.). Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas en América Latina. Fondo de Cultura Económica: México D.F., pp. 62-93
ESCALANTE GONZALBO, Fernando (1995). Ciudadanos imaginarios: memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República Mexicana -tratado de moral pública-. México D.F.: El Colegio de México.
SÁBATO, Hilda (1999). “Introducción”. En: Hilda Sábato (Coord.). Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas en América Latina. Fondo de Cultura Económica: México D.F., pp. 11-29